La Secretaría de Política Criminal Coordinación Fiscal e Instrucción Penal es el órgano dependiente del Procurador General que tiene a su cargo las siguientes funciones:
1. Elaborar los proyectos en materia de política criminal;
2. Llevar adelante la policía judicial;
3. Ejercer el control y seguimiento de denuncias referidas a violación de los Derechos Humanos y su correspondiente articulación con los organismos públicos y de la comunidad vinculados con la materia, especialmente los Foros de Seguridad y los Municipios ;
4. La formulación de estrategias para la investigación de los delitos contra la Administración Pública;
5. Impartir las instrucciones para el adecuado control disciplinario, debiendo llevar adelante los procedimientos administrativos respectivos;
6. Desarrollar y aplicar los aspectos científicos que coadyuven en la investigación que llevan adelante los responsables de la instrucción penal preparatoria en la medida de sus requerimientos;
7. Realizar la Supervisión de los informes que brinda el Area Jurisdiccional Penal asegurando su adecuación a los criterios impartidos por el Procurador General en la materia.
8. Evaluar las estadísticas relacionadas con política criminal para lograr la eficiencia del servicio del Ministerio Público en la Provincia de Buenos Aires.
9. Asumir la responsabilidad del adecuado funcionamiento del sistema para la protección de quienes por colaborar con la administración de justicia corran peligro de sufrir algún daño;
10. Impulsar actividades de capacitación técnica en forma paulatina y dentro de las restricciones presupuestarias fundamentalmente destinadas a los niveles de investigación, con expresa coordinación con la Secretaría de Estrategia Institucional y gestión.
Dentro de este marco de gestión, el área dependiente del señor Secretario de Política Criminal ha llevado adelante las actividades detalladas de manera constante – capacitación, investigación, dictado de cursos de Instructor Judicial y Ayudante Fiscal, instalación y puesta en funcionamiento de los Laboratorios Periciales que integran la Red Nacional de Institutos de Investigación Criminal – durante un período que comprende los años 2007-2015.
Partidos de: Carmen de Areco (Mercedes), General Villegas (Trenque Lauquen), Lincoln (Junín) y Tornquist (Bahía Blanca).
La Procuración General de la SCBA analiza, en forma constante, los requerimientos de cada Fiscalía General de poder contar con acceso a diferentes bases de datos a fin de optimizar la labor investigativa propia de este Ministerio Público. Por ello se han firmado convenios con diferentes instituciones y en forma periódica se proyectan nuevos acuerdos tendientes a optimizar el trabajo que se lleva a cabo en las investigaciones penales preparatorias. Una vez más corresponde advertir que el siguiente listado no es conclusivo y se actualizará en la medida que surjan nuevos convenios.
El Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal presta asistencia a todas las Fiscalías Generales de la provincia de Buenos Aires en aquellas causas en que existan investigaciones judiciales relacionadas con delitos contra la fe pública y otras infracciones al Código Penal vinculadas a los servicios de publicidad registral.
La consulta a la base de datos es on-line.
La Dirección Nacional de los registros nacionales de la propiedad automotor y créditos prendarios otorga claves de acceso on-line que permiten a las Fiscalías Generales de cada departamento judicial ingresar a la base de datos de dominios automotores.
No es un convenio en sentido estricto, sino que el Ministerio Público adhiere a las condiciones de ingreso establecidas por el referido Registro.
Este convenio brinda los medios técnicos necesarios para acceder, via internet segura, al Banco Nacional de Armas. A través de claves personales podrán efectuar consultas tanto por número de serie de las armas registradas o bien DNI de las personas involucradas en una IPP.
Tienen acceso a la base de datos del RENAR, todos los Agentes Fiscales y Secretarios de Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio, respecto de investigaciones penales preparatorias que se encuentren a su cargo o procesos que intervinieren en razón de sus funciones.
A través de la suscripción de un acuerdo de confidencialidad (que permitirá el otorgamiento de una clave), cada Fiscalía General podrá acceder on-line a la base de datos que posee la Dirección provincial de política y seguridad vial, pudiendo obtenerse información relativa a antecedentes de infracciones de tránsito e inhabilitaciones de personas imputadas en el marco de una IPP.
El presente convenio permite - a través de la Facultad de Veterinaria -, la realización de pericias que resulten útiles para la resolución de delitos rurales.
El objetivo de este acuerdo con la Cámara Nacional Electoral (todavía en instancia de Plan Piloto), es posibilitar a los miembros del Ministerio Público acceder via correo electrónico al padrón que posee el Registro Nacional Electoral.
Cada Departamento Judicial posee una delegación del Registro Nacional de Reincidencia, denominada Unidad de Expedición y Recepción (UER). El objetivo es agilizar la tramitación de los pedidos de informes de reincidencia de las personas imputadas optimizando el cumplimiento de los plazos para la averiguación de los antecedentes penales.
Estas unidades no dependen del Ministerio Público.
La CONARC (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas) es un programa del Registro Nacional de Reincidencia que permite a los operadores del Ministerio Público, acceder en forma remota y mediante un dispositivo de seguridad con firma digital (Token), a la base de datos de rebeldías, capturas, averiguación de paradero o comparendos.
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) analiza muestras de aire, agua y suelo, a fin de determinar posibles situaciones de contaminación.
En el marco de una denuncia sobre la presunta comisión de delitos con impacto en el medio ambiente, el OPDS podrá fiscalizar la/s industria/s en cuestión, relevando muestras para realizar las pericias correspondientes.
No hay Convenio firmado, es una relación interinstitucional de hecho.
El Ministerio Público dio sus primeros pasos buscando respuestas a la problemática y orfandad pericial que poseía, creando en forma primigenia el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora. Este instituto fue creciendo con racionalidad y efectividad, siendo el pilar fundacional de nuestro proyecto de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses hoy en marcha.
Puede descargar la guía desde el siguiente enlace:
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