Se llevó a cabo un importante operativo que logró el desmantelamiento de una compleja organización criminal dedicada a la extorsión digital y a las ciberestafas. La misma operaba de manera coordinada desde el interior de unidades penitenciarias bonaerenses con ramificaciones en el exterior y la connivencia de agentes de las fuerzas de seguridad.
La investigación fue liderada por el Dr. Juan Marcelo Diomede, Agente Fiscal Titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 5 del Departamento Judicial de La Matanza y la Secretaria Dra. Natacha Scopelleti; con la colaboración del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General y la colaboración de la División de Casos Especiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
El operativo logró la realización exitosa de 31 allanamientos simultáneos, 32 detenciones y el rastreo financiero de millonarias transferencias a través de "cuentas mulas".
El modus operandi de la banda comenzaba con la creación de perfiles falsos de supuestas acompañantes sexuales en el sitio web, administrado de forma clandestina por los internos carcelarios.
Cuando los ciudadanos realizaban consultas en la plataforma, los delincuentes captaban sus datos telefónicos y los contactaban mediante llamadas o mensajes de WhatsApp; los mismos simulaban ser "proxenetas" del sitio y les exigían el pago inmediato de multas de hasta 3.000.000 de pesos bajo el falso pretexto de haber generado deudas en el sistema.
La organización adquiría bases de datos privadas a través de la aplicación Telegram, y con esa información les enviaban reportes detallados con sus datos personales, laborales y familiares, amenazando explícitamente con atentar contra sus vidas o concurrir a sus domicilios si no efectuaban las transferencias o entregas de dinero en efectivo. Mediante esta modalidad, se han logrado identificar formalmente a más de 20 víctimas.
Uno de los pilares de la investigación radicó en la capacidad técnica para desentrañar la ruta del dinero ilícito, se contó con el trabajo técnico y especializado de los analistas María Celeste Seguí, Horacio Martino y Carolina Padín, integrantes del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General, bajo la conducción de la Dra. Gisela Burcatt.
Se elaboraron perfiles digitales de los sospechosos y se analizó minuciosamente más de una decena de cuentas virtuales denominadas "cuentas mulas".
Estas cuentas pertenecían a terceras personas que cedieron sus credenciales de acceso para que los reclusos las administraran de forma remota. La trazabilidad financiera determinó que la red criminal operó y movilizó sumas de más de 40 millones de pesos en un lapso de tan solo 20 días, identificando que los destinatarios finales de los fondos eran los propios internos, sus familiares y miembros del servicio penitenciario.
Tras una primera fase que incluyó la interceptación de líneas telefónicas localizadas en la Unidad Penitenciaria Nro. 43 de González Catán y una entrega de dinero controlada —donde se detuvo a una mujer que actuaba en complicidad con su pareja detenido—la pesquisa avanzó hacia el núcleo de la organización.
El procedimiento culminó con la ejecución coordinada de 31 allanamientos simultáneos en los partidos de La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno, Merlo y Malvinas Argentinas, así como en las celdas de las Unidades Penitenciarias Nro. 43 (González Catán) y Nro. 58 (Lomas del Mirador).
Como resultado de este despliegue, se hicieron efectivas 32 detenciones, confirmando la participación y la connivencia interna de agentes de seguridad.
Entre los detenidos se encuentran, un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dos efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (pertenecientes a las Unidades 43 y 39), habiéndose insertado además la orden de captura de otros dos agentes de dicha fuerza.
Durante los exhaustivos registros en los domicilios particulares y los pabellones carcelarios, las autoridades judiciales y policiales procedieron al secuestro de un importante parque tecnológico utilizado para los fines extorsivos, que se detalla a continuación:
En los objetivos externos (domicilios): 30 teléfonos celulares y múltiples tarjetas de débito vinculadas a las cuentas investigadas.
En la celda requisada de la Unidad 58: 3 teléfonos celulares.
En las celdas requisadas de la Unidad 43: 20 teléfonos celulares, 15 tarjetas SIM, 2 CPU equipadas con antenas para conexión Wi-Fi y 2 computadoras notebooks. (Cabe destacar que en un procedimiento previo en esta misma unidad ya se habían incautado otros 15 celulares ingresados de forma irregular y más de 50 Sim Cards).
Con estas medidas, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires ratifica su compromiso en el combate contra los delitos informáticos complejos y la extorsión digital, desarticulando de manera integral las estructuras logísticas y económicas de las bandas criminales que operan desde el entorno carcelario.
Para más información seguinos en nuestra cuenta oficial de Instagram
Se llevó a cabo un importante operativo que logró el desmantelamiento de una compleja organización criminal dedicada a la extorsión digital y a las ciberestafas. La misma operaba de manera coordinada desde el interior de unidades penitenciarias bonaerenses con ramificaciones en el exterior y la connivencia de agentes de las fuerzas de seguridad.
La investigación fue liderada por el Dr. Juan Marcelo Diomede, Agente Fiscal Titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 5 del Departamento Judicial de La Matanza y la Secretaria Dra. Natacha Scopelleti; con la colaboración del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General y la colaboración de la División de Casos Especiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
El operativo logró la realización exitosa de 31 allanamientos simultáneos, 32 detenciones y el rastreo financiero de millonarias transferencias a través de "cuentas mulas".
El modus operandi de la banda comenzaba con la creación de perfiles falsos de supuestas acompañantes sexuales en el sitio web, administrado de forma clandestina por los internos carcelarios.
Cuando los ciudadanos realizaban consultas en la plataforma, los delincuentes captaban sus datos telefónicos y los contactaban mediante llamadas o mensajes de WhatsApp; los mismos simulaban ser "proxenetas" del sitio y les exigían el pago inmediato de multas de hasta 3.000.000 de pesos bajo el falso pretexto de haber generado deudas en el sistema.
La organización adquiría bases de datos privadas a través de la aplicación Telegram, y con esa información les enviaban reportes detallados con sus datos personales, laborales y familiares, amenazando explícitamente con atentar contra sus vidas o concurrir a sus domicilios si no efectuaban las transferencias o entregas de dinero en efectivo. Mediante esta modalidad, se han logrado identificar formalmente a más de 20 víctimas.
Uno de los pilares de la investigación radicó en la capacidad técnica para desentrañar la ruta del dinero ilícito, se contó con el trabajo técnico y especializado de los analistas María Celeste Seguí, Horacio Martino y Carolina Padín, integrantes del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General, bajo la conducción de la Dra. Gisela Burcatt.
Se elaboraron perfiles digitales de los sospechosos y se analizó minuciosamente más de una decena de cuentas virtuales denominadas "cuentas mulas".
Estas cuentas pertenecían a terceras personas que cedieron sus credenciales de acceso para que los reclusos las administraran de forma remota. La trazabilidad financiera determinó que la red criminal operó y movilizó sumas de más de 40 millones de pesos en un lapso de tan solo 20 días, identificando que los destinatarios finales de los fondos eran los propios internos, sus familiares y miembros del servicio penitenciario.
Tras una primera fase que incluyó la interceptación de líneas telefónicas localizadas en la Unidad Penitenciaria Nro. 43 de González Catán y una entrega de dinero controlada —donde se detuvo a una mujer que actuaba en complicidad con su pareja detenido—la pesquisa avanzó hacia el núcleo de la organización.
El procedimiento culminó con la ejecución coordinada de 31 allanamientos simultáneos en los partidos de La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno, Merlo y Malvinas Argentinas, así como en las celdas de las Unidades Penitenciarias Nro. 43 (González Catán) y Nro. 58 (Lomas del Mirador).
Como resultado de este despliegue, se hicieron efectivas 32 detenciones, confirmando la participación y la connivencia interna de agentes de seguridad.
Entre los detenidos se encuentran, un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dos efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (pertenecientes a las Unidades 43 y 39), habiéndose insertado además la orden de captura de otros dos agentes de dicha fuerza.
Durante los exhaustivos registros en los domicilios particulares y los pabellones carcelarios, las autoridades judiciales y policiales procedieron al secuestro de un importante parque tecnológico utilizado para los fines extorsivos, que se detalla a continuación:
En los objetivos externos (domicilios): 30 teléfonos celulares y múltiples tarjetas de débito vinculadas a las cuentas investigadas.
En la celda requisada de la Unidad 58: 3 teléfonos celulares.
En las celdas requisadas de la Unidad 43: 20 teléfonos celulares, 15 tarjetas SIM, 2 CPU equipadas con antenas para conexión Wi-Fi y 2 computadoras notebooks. (Cabe destacar que en un procedimiento previo en esta misma unidad ya se habían incautado otros 15 celulares ingresados de forma irregular y más de 50 Sim Cards).
Con estas medidas, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires ratifica su compromiso en el combate contra los delitos informáticos complejos y la extorsión digital, desarticulando de manera integral las estructuras logísticas y económicas de las bandas criminales que operan desde el entorno carcelario.
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Se llevó a cabo un importante operativo que logró el desmantelamiento de una compleja organización criminal dedicada a la extorsión digital y a las ciberestafas. La misma operaba de manera coordinada desde el interior de unidades penitenciarias bonaerenses con ramificaciones en el exterior y la connivencia de agentes de las fuerzas de seguridad.
La investigación fue liderada por el Dr. Juan Marcelo Diomede, Agente Fiscal Titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 5 del Departamento Judicial de La Matanza y la Secretaria Dra. Natacha Scopelleti; con la colaboración del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General y la colaboración de la División de Casos Especiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
El operativo logró la realización exitosa de 31 allanamientos simultáneos, 32 detenciones y el rastreo financiero de millonarias transferencias a través de "cuentas mulas".
El modus operandi de la banda comenzaba con la creación de perfiles falsos de supuestas acompañantes sexuales en el sitio web, administrado de forma clandestina por los internos carcelarios.
Cuando los ciudadanos realizaban consultas en la plataforma, los delincuentes captaban sus datos telefónicos y los contactaban mediante llamadas o mensajes de WhatsApp; los mismos simulaban ser "proxenetas" del sitio y les exigían el pago inmediato de multas de hasta 3.000.000 de pesos bajo el falso pretexto de haber generado deudas en el sistema.
La organización adquiría bases de datos privadas a través de la aplicación Telegram, y con esa información les enviaban reportes detallados con sus datos personales, laborales y familiares, amenazando explícitamente con atentar contra sus vidas o concurrir a sus domicilios si no efectuaban las transferencias o entregas de dinero en efectivo. Mediante esta modalidad, se han logrado identificar formalmente a más de 20 víctimas.
Uno de los pilares de la investigación radicó en la capacidad técnica para desentrañar la ruta del dinero ilícito, se contó con el trabajo técnico y especializado de los analistas María Celeste Seguí, Horacio Martino y Carolina Padín, integrantes del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General, bajo la conducción de la Dra. Gisela Burcatt.
Se elaboraron perfiles digitales de los sospechosos y se analizó minuciosamente más de una decena de cuentas virtuales denominadas "cuentas mulas".
Estas cuentas pertenecían a terceras personas que cedieron sus credenciales de acceso para que los reclusos las administraran de forma remota. La trazabilidad financiera determinó que la red criminal operó y movilizó sumas de más de 40 millones de pesos en un lapso de tan solo 20 días, identificando que los destinatarios finales de los fondos eran los propios internos, sus familiares y miembros del servicio penitenciario.
Tras una primera fase que incluyó la interceptación de líneas telefónicas localizadas en la Unidad Penitenciaria Nro. 43 de González Catán y una entrega de dinero controlada —donde se detuvo a una mujer que actuaba en complicidad con su pareja detenido—la pesquisa avanzó hacia el núcleo de la organización.
El procedimiento culminó con la ejecución coordinada de 31 allanamientos simultáneos en los partidos de La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno, Merlo y Malvinas Argentinas, así como en las celdas de las Unidades Penitenciarias Nro. 43 (González Catán) y Nro. 58 (Lomas del Mirador).
Como resultado de este despliegue, se hicieron efectivas 32 detenciones, confirmando la participación y la connivencia interna de agentes de seguridad.
Entre los detenidos se encuentran, un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dos efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (pertenecientes a las Unidades 43 y 39), habiéndose insertado además la orden de captura de otros dos agentes de dicha fuerza.
Durante los exhaustivos registros en los domicilios particulares y los pabellones carcelarios, las autoridades judiciales y policiales procedieron al secuestro de un importante parque tecnológico utilizado para los fines extorsivos, que se detalla a continuación:
En los objetivos externos (domicilios): 30 teléfonos celulares y múltiples tarjetas de débito vinculadas a las cuentas investigadas.
En la celda requisada de la Unidad 58: 3 teléfonos celulares.
En las celdas requisadas de la Unidad 43: 20 teléfonos celulares, 15 tarjetas SIM, 2 CPU equipadas con antenas para conexión Wi-Fi y 2 computadoras notebooks. (Cabe destacar que en un procedimiento previo en esta misma unidad ya se habían incautado otros 15 celulares ingresados de forma irregular y más de 50 Sim Cards).
Con estas medidas, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires ratifica su compromiso en el combate contra los delitos informáticos complejos y la extorsión digital, desarticulando de manera integral las estructuras logísticas y económicas de las bandas criminales que operan desde el entorno carcelario.
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